Las residencias de mayores en el ojo del huracán por la Covid-19

Las residencias de mayores, antes de la crisis

He utilizado, después de darle muchas vueltas, el término de residencias de mayores, para englobar un grupo muy heterogéneo de organizaciones que atienden ciudadanos con discapacidades física y/o psíquicas que les impiden desarrollar adecuadamente las actividades básicas de la vida diaria. Esta heterogeneidad se manifiesta en la propiedad de las mismas, su tipología y tamaño. Al depender las mismas de las Consejerías de Asuntos Sociales existen, al menos, diecisiete normas de acreditación y funcionamiento de las mismas, por lo que es muy difícil tener datos unificados a nivel del Estado, por lo que he adoptado las cifras publicadas por el CSIC en su publicación del Envejecimiento en Red (1).

Las plazas residenciales se muestran en la tabla. Las plazas totales residenciales en el año 2019 eran de 372.985, de las cuales 271.696 el 72,8 % eran de titularidad privadas y 101.289 el 27,16 % eran de titularidad públicas. Las plazas privadas predominaban en todos los tamaños, pero eran superior al 74 % en las residencias de más de 100 camas. Las residencias con más de 100 camas agrupaban el 51,4 % de todas las camas. Este sector está dominado por los inversores franceses y británicos, encabezados por el grupo DomusVi.

¿Son estas plazas suficientes para atender la creciente demanda, tras el aumento de la población mayor de 65 años, la implantación de la ley de dependencia en 1977 y el aumento de la renta media de los ciudadanos?

La OMS recomienda una ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años. Con los datos anteriormente expuestos, esta ratio en España en el 2019 fue del 4,02. Las plazas de titularidad privadas alcanzaron una ratio de 2,93, mientras que las de titularidad públicas esta ratio fue de 1,09. Para compensar este déficit de plazas públicas, una parte de las plazas privadas, concretamente 130.725 plazas, un 48,11 % de las plazas privadas, están concertadas con las Comunidades Autónomas (CCAA), subiendo este índice de plazas públicas + plazas privadas concertadas al 2,5, muy lejos todavía de las 5 plazas/100 ciudadanos > 65 años recomendada por la OMS. Este índice medio para toda España varía notablemente entre las provincias, así la provincia de Soria alcanza una ratio de 11 plazas/100 hab.> 65 años, mientras que en la provincia de Las Palmas de G.C. este índice solo alcanza el 1,8 notablemente inferior al deseable. 

La mayoría de los profesionales de estas residencias son auxiliares de geriatría o gerocultores, cuya formación no estuvo reglada hasta el año 2006, a partir de la implantación de la Ley de Dependencia (LAPAD) (2) con una formación orientada hacia el cuidado y mantenimiento de las actividades básicas de los residentes, sin una formación sanitaria adecuada al perfil de los residentes que permanecen en las residencias. No existe una normativa nacional sobre la ratio de otros profesionales, no exigiéndose en la mayoría de normativas de las CCAA la presencia permanente de un facultativo si la residencia no alcanza las 100 plazas, lo que da una idea de la orientación social, más que sanitaria de estas entidades (3).

La irrupción de la Covid-19 y su incidencia en las residencias de mayores

En las residencias de mayores, durante la crisis por la pandemia de la Covid-19 se han dado una serie de circunstancias para generar “la tormenta perfecta”, al juntarse: una gran concentración de personas mayores con pluripatologías, la proximidad física de los residentes, la falta de atención sanitaria de los mismos, la poca cultura de la prevención, el gran trasiego de familiares, el alto absentismo laboral y el poco apoyo institucional a estas residencias durante la crisis.

Por todo ello, no debe extrañarnos la altísima mortalidad que se ha producido en las residencias de mayores de nuestro país debido a la infección del coronavirus Covid-19. A día de hoy, 5 de mayo de 2020, de los 25.613 fallecidos en todas España por el coronavirus 17.231, el 67,27 %, han fallecido en las residencias de mayores, siendo Aragón, 76,9 %, y Castilla La Mancha, 77,7 % las CCAA con mayor mortalidad en estas residencias. Canarias con solo un 7 % es la CA con una menor mortalidad en las residencias. Estos porcentajes pueden estar incluso minusvalorado, al no tener certeza sobre el diagnóstico y causa de la muerte de muchos de los residentes fallecidos en estas residencias (4). 

Cómo ya hemos comentado, el objetivo de las residencias es la atención social de sus residentes, de ahí su dependencia de las Consejerías de Acción Social de las CCAA y no de las Consejerías de Sanidad, como anteriormente había sido. Una gran parte de estas residencias son de tamaño pequeño y medio, sin la exigencia de un médico permanentemente en las mismas y mayoritariamente privadas. Sus protocolos indican que cuando un residente tiene una complicación aguda debe ser trasladado a su hospital de referencia.

Por todo ello, estas residencias no están preparadas para atender pacientes con patologías severas cómo son las que se dan en las personas mayores infectadas por el coronavirus.  Al no tener estas residencias un objetivo sanitario, tampoco tienen desarrollado los protocolos de prevención adecuados para una situación como sería deseable en esta crisis, que ha cogido desprevenidos incluso a los grandes hospitales de nuestro país. Esta situación se agrava, cómo más adelante comentaremos, por la falta de material de protección de sus profesionales, la mayoría auxiliares de geriatría, gerocultoras, sin una preparación previa sobre los mecanismos de propagación de las enfermedades contagiosas, ni espacios diferenciados para aislar a los residentes infectados por el coronavirus.

Uno de los objetivos de estas residencias es mantener una máxima relación entre los residentes y sus familiares. Esta medida que en condiciones normales es muy positiva, en las actuales condiciones se vuelve muy negativa, ya que supone un mecanismo de transmisión muy eficiente del virus. La prohibición de entrada a los familiares, medida no fácil de implantar, se realizó de una forma muy tardía, lo que sin duda ha contribuido a la entrada y difusión del virus en muchas de estas residencias.

El sector de las residencias sociosanitarias es uno de los sectores laborales con un mayor absentismo laboral, 7,6 %, con relación a la media de todos los sectores que fue del 4,7 % en el último trimestre del 2019 (5), probablemente debido al esfuerzo y la carga emocional que su trabajo requiere. Este absentismo dificulta una formación adecuada de estos profesionales por la alta rotación de los mismos.

Aunque, como ya hemos indicado, las residencias de mayores han sido y son unos de los principales focos de mortalidad de esta crisis por la Covid-19  y a pesar de que el 5 de marzo de 2020 se dictó por el ministerio de sanidad el documento de recomendaciones para estas residencias (6)(7), la realidad es que hasta la mitad del mes de abril, la mayoría de estas recomendaciones no se habían podido  llevar a cabo. Un hecho determinado por la falta de suministro de los test de prueba para poder conocer la realidad en cada una de las residencias y lo que quizás fue más grave, el no habérseles dotado de los materiales mínimos de protección. Este último factor era clave, al igual que ha ocurrido en muchos hospitales, para que los profesionales hubieran podido cumplir  las normas dictadas por el ministerio y que de haberlos tenido, con seguridad, se hubieran evitado cientos de fallecimientos. Hasta el 4 de mayo de 2020 la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología no publicó las “Recomendaciones para el manejo de la epidemia de Covid19 en Residencias de mayores”  (8)

Las residencia de mayores en la “nueva normalidad”

Estas residencias de mayores en el futuro post Covid-19 deberían estar perfectamente integradas en el sistema nacional de salud, con una relación permanente con el centro de atención primaria a la que los residentes estén adscritos, así como a su hospital de referencia, estructuras de apoyo al que deben derivar los residentes ante cualquier complicación. La implantación de las nuevas tecnologías deberían evitar desplazamientos de estos residentes, así como mantener actualizada e integrada su historia clínica para facilitar su atención en cualquier dispositivo asistencial de su área de salud.

Su dependencia orgánica y funcional debería ser de la Consejería de Salud de la C.A., que debería velar no solo por controlar el cumplimiento de las características estructurales de las residencias (dimensiones de las habitaciones, ratio de personal, nº extintores,…) sino sus resultados sobre calidad de la atención de los residentes en base a unos parámetros de calidad asistenciales contrastados. Sería deseable que a nivel nacional existiera una homogeneización sobre todos estos criterios, así como los de acreditación y permiso de apertura de estas residencias, ya que actualmente cada C.A. tiene los suyos propios.

Tal como ponía de manifiesto la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPA, en su comunicado del 5 de mayo del 2020 “En muchos de los centros se han vivido situaciones inenarrables. Con el tiempo y con más información y perspectiva, podremos analizar a fondo lo que ha sucedido y sus causas. Pero lo que sabemos hoy es terrible y conviene decirlo con claridad. A la vez que hay que agradecer a las personas cuidadoras de estos centros, que han pilotado el barco lo mejor que han podido” (9)

Bibliografía

1.- CSIC. Informe. Envejecimiento en Red. Nº 24, Octubre 2019. CSIC.

2.-  Ley  39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Dependencia. LAPAD.

3.- LARES. Federación de Residencias y Servicios de atención a los mayores. Los requisitos de acreditación de residencias para mayores. Diciembre 2010

4.- Ministerio de Sanidad. Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias. Activación nº 71. 10 de Abril 2020.

5.- Randstad. Informe sobre absentismo 3er trimestre 2019.

6.- Ministerio de Sanidad. Documento técnico. Recomendaciones para las residencias de mayores y centros socio sanitarios para el Covid-19. 5 de marzo 2020

7.- Orden SND/275/2020. BOE, 81, sec. 1. 23 de Marzo de 2020 de medidas complementarias de carácter organizativo en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión sanitaria ocasionado por el Covid-19

8.- Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Recomendaciones para el manejo de la epidemia de Covid19 en Residencias de mayores. 4 de Mayo 2020.

9 .- SESPA. Comunicado de los Presidentes de SESPAS. El desafío de la Covid-19 para la salud pública y administración sanitaria del sistema nacional de salud. 5 de mayo 20202.